23/04/2018
Por primera vez un reciente estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona y la UB ha cuantificado el impacto negativo que para la economía en general acarrea la ineficiencia del sistema judicial de ejecución de sentencias. Los resultados analizados son demoledores y ponen negro sobre blanco la realidad a la que nos enfrentamos, día a día, los operadores jurídicos que trabajamos en este sector judicial.
Que la justicia española es lenta es un axioma lamentablemente consolidado desde tiempos inmemoriales y ahora, gracias a este impecable estudio, sabemos que, además, esta lentitud comporta graves perjuicios económicos para una economía a la que no ayuda en absoluto que tantos millones de euros estén apalancados en legajos judiciales durante más de 600 días y que tras este larguísimo camino sólo se recupere un 22% de lo ejecutado.
¿Pero toda la culpa de este endémico desaguisado es sólo de la organización judicial, de sus farragosas leyes y de la insuficiencia de medios técnicos y humanos?. Lo más fácil es pensar que estos hechos son definitivos para la consecución de estos pésimos resultados, puesto que es innegable que el sistema falla en sí mismo, pero aun mejorando en recursos y reformando el cuerpo legislativo, muy probablemente seguiríamos obteniendo unos resultados alejados de los que se consiguen en países con sistemas judiciales más ágiles, pero especialmente y sobre todo, con sociedades poco dadas al incumplimiento de sus reglas comunitarias.
Y en eso radica, desde mi punto de vista, el principal handicap para conseguir mejorar las ratios de recuperación de las deudas porque falta, ante todo, un mayor rigor en el cumplimiento personal de las obligaciones y que la misma sociedad censure, sin ambigüedades, los comportamientos de aquellos que incumplen sus compromisos legales. Si a ello le sumamos el error monumental al que incurren a menudo muchos líderes políticos y de opinión respecto a pensar que exigiendo el cumplimiento del pago de las deudas se defienden los intereses de los más poderosos, ya tenemos el caldo de cultivo propicio para la demagogia y, como no, para que acabe saliendo muy barato incumplir con las obligaciones.
Por consiguiente necesitamos un cambio radical de sistema, pero también será necesario un cambio cultural en profundidad. Para lo primero será precisa la firme voluntad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero para lo segundo será imprescindible explicar muy bien a la ciudadanía que el incumplimiento de las obligaciones atenta al interés general y nos acaba empobreciendo. Empecemos por lo más obvio, por aquello que sabemos que puede y debe reformularse y quizás con ello la sociedad recibirá un mensaje contundente y disuasorio que ahuyente determinadas conductas que nos acaban perjudicando a todos.
Ramon Daví Navarro
