09/11/2017

Muchos argumentos demuestran que la creación de un único juzgado provincial para resolver las cláusulas suelo es un disparate. Parece evidente que un solo órgano, con un juez en prácticas, sin experiencia, se colapsará de inicio. Otros argumentos reivindican el derecho a la justicia de proximidad para todo el mundo, y señalan que justamente los que tendrán que administrar la decisión, el TSJC y la Generalitat, se han mostrado contrarios en este plan del Consejo General del Poder Judicial.

Pero más allá de estos buenos argumentos, preocupa lo que se deja entrever detrás de esta decisión: la centralización o provincialización de la justicia y, de rebote, las consecuencias negativas que se pueden derivar para el modelo territorial que tanto caracteriza nuestro país.

Catalunya tiene 42 comarcas bien diversas, y algunas con más población que muchas provincias españolas. Pero a pesar de las diferencias, todas quieren ofrecer a sus habitantes las mejores condiciones de vida en igualdad a los otros ciudadanos de Catalunya o España, sin olvidar que para hacerlo posible hace falta que los servicios públicos vertebren y fortalezcan su estructura territorial.

Se podría decir que no es para tanto, que la medida es excepcional y que tiene fecha de caducidad, pero no podemos ignorar que hay una corriente bastante arraigada dentro de la judicatura que cuando piensa en la especialización y la unificación de criterios jurisdiccionales, busca la solución en la centralización de los órganos judiciales. Y esta tendencia, confirmada en los juzgados mercantiles y apuntada en el proyecto de nueva planta judicial de Ruiz-Gallardón, es una línea roja que no se tendría que traspasar nunca más.

A la j usticia le conviene que la gente la sienta próxima, igual que siente suya la escuela o el hospital. Una justicia alejada, superior y distante no es buena para nadie y todavía menos para los que lo ejercen desde una vocación de servicio de público. Concentrar juzgados en las capitales de provincia y rebajar el nivel de los juzgados comarcales es un claro signo de alejamiento, que hará ver la justicia como un derecho de difícil acceso e incrementará la percepción popular de que hay ciudadanos de primera o segunda categoría según el lugar de residencia.

Hace falta unificar criterios y organizar el servicio con auténticos especialistas, pero no hay que centralizar juzgados. El problema no está en la dispersión de los órganos judiciales, sino en la falta de una organización bien estructurada que permita una mejor coordinación de todos los jueces. No puede ser que para alcanzar el nivel deseado se vaya en detrimento de la justicia de proximidad. No puede ser que para una mayor comodidad organizativa, los ciudadanos perciban que un servicio público tanto esencial se aleja de su cotidianidad territorial.